En estos días, se ha conocido a través de la prensa la situación que enfrenta el senador democratacristiano Adolfo Zaldívar Larraín. Él desconoció una orden de su partido, y sufragó contra la concesión fiscal de más de 200 millones de pesos para financiar el Transantiago. Por esta razón, sus camaradas lo juzgarán en el Tribunal Supremo de su colectividad por lo que consideran una deslealtad.No me pronunciaré si Zaldívar cree efectivamente en esa gente que dice representar: quienes se vinculan a la política, suelen afirmar que sus actos se fundamentan en el bienestar de sus electores, en la felicidad del pueblo. Por lo tanto, si bajo este prisma analizamos las palabras del senador, no cabría pensar sino en otra más de las tantas declaraciones demagógicas de que se guarda memoria.
Lo que sí me preocupa es el punto esencial de la discusión que se ha planteado: el de las libertades de conciencia y de opinión. No importa cuántas normas especifiquen cómo y cuándo se puede o se debe ejercer esta libertad, o si ellas llevan, junto con enunciar un derecho, una restricción (como es usual en nuestra legislación). Lo cierto es que se trata de derechos reconocidos y consagrados constitucionalmente.
La democracia se sustenta invariablemente en el reconocimiento y en el ejercicio efectivo de libertades. Cuando éstas se coartan, asistimos a una degradación de la democracia. Entre 1973 y 1990, un gobierno fáctico impidió la promoción y el cultivo de los más profundos valores democráticos, aun cuando éstos ya habían sufrido una puñalada letal varios años antes, con la irrupción de grupos paramilitares de defensa personal.
El proselitismo político no constituye peligro si la democracia que lo rodea goza de buena salud. Ella, por medio de sus amplios brazos de control, los poderes del Estado y la misma gente entendida en su sentido abstracto (el pueblo), no se verá corroída por ese mal germen. Pero si esa democracia no es sustentable y el proselitismo brota como maleza, entonces hay que preocuparse.
Nadie puede regir la voluntad de las personas. El ser humano es dependiente, tal vez, por razones económicas o sociales, pero su alma es libre. Pretender juzgar a alguien por rechazar un acuerdo ideológico, mayormente en el caso que nos convoca, resulta inadmisible.
Espero que aquéllos que deban resolver la cuestión Zaldívar, recapaciten y comprendan que la conciencia no puede ni debe ser atentada de esta ni otra forma.


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